La Laicidad, el Laicismo, no es sólo una declaración de la necesaria separación del Estado y las confesiones religiosas, es además una decidida apuesta por la unidad de derechos y deberes de toda la ciudadanía, de modo que los sectarismos etnicidas, ideológicos o religiosos no pueden determinar privilegios para unos o déficits ciudadanos para otros.
Dice el artículo 16.3 de la Constitución española:
“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia Católica y las demás confesiones”
Es frecuente asumir que este artículo asegura la separación entre el Estado y las religiones, sin considerar que está de facto constreñido por el Concordato de enero de 1979, que negociado en paralelo a la Constitución se aprueba un mes después, pero con unos contenidos y condiciones que de hecho dejan sin efecto ese pretendido “aconfesionalismo” del Estado.
Es la pescadilla que se muerde la cola. Por fechas de aprobación el Concordato es “constitucional”; por las fechas en que se negoció es “preconstitucional” y por su aplicación, en nuestra opinión, inconstitucional. Y hasta la fecha ningún Gobierno se ha atrevido a desenroscar esa pescadilla; bien por convicciones, bien por cálculo electoral.
Y es curiosamente el cristianismo el primer movimiento que establece un criterio de separación de Estado e Iglesia. Es Cristo el que supuestamente dijo Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Rápidamente olvidado por la Iglesia Católica, cuando logró la supremacía frente al resto de confesiones.
Queremos afirmar que democracia y Laicidad, o Laicismo, van tan íntimamente unidas que sin una no se entiende el pleno sentido de la otra.
Pero para que esa irreversibilidad sea un hecho incontestable en España necesitamos un trabajo decidido de todos los demócratas –creyentes, agnósticos o ateos-, en la tarea de asentar principios básicos de convivencia que superen las estrechas visiones de la religión. Pedimos que desde la madura reflexión, asentada ya la democracia en nuestro país, se replantee la relación del Estado con las iglesias y confesiones, creando un marco de encuentro igualitario y libre, donde todas las creencias sean respetadas de igual forma y manera, donde estas se vivan en el plano privado y social en buena armonía, sin que ninguna prevalezca y convivan todas bajo la protección de una sociedad laica.
La democracia lleva en sí, para serlo en su más amplio sentido, el concepto de laicidad, y ambos se complementan para, por un lado, asegurar la igualdad de derechos a todos los ciudadanos y la libertad de creencias, o su ausencia, a todos sin excepción. De modo que ninguna tendencia pueda anular la libertad del creyente para profesar su religión ni la del ateo para sentirse obligado a seguir normas morales de una determinada confesión religiosa; y a todos, la obligación de cumplir las leyes y el derecho a debatirlas. Eso es la democracia y eso es la laicidad: la garantía de protección de todos los derechos y la obligación de cumplimiento de todas las leyes a todos.